En los últimos meses hemos asistido a un debate sumamente interesante acerca de la medición de la pobreza, su carácter multidimensional y las implicancias que ello conlleva. Que la pobreza es un fenómeno que abarca múltiples dimensiones es algo sumamente acordado entre investigadores. Sin embargo, el mayor desafío surge a la hora de acordar sobre las dimensiones que deben considerarse para su medición y, una vez acordadas, definir sus respectivos umbrales. La educación, la salud, las condiciones de la vivienda y los derechos vinculados con la seguridad social suelen ser las variables tradicionalmente consideradas en los estudios de pobreza multidimensional. Lamentablemente, el ambiente no aparece como una dimensión relevada. Si queremos avanzar hacia una discusión profunda del concepto de “pobreza” es necesario incorporarlo cuanto antes al análisis.
Según la definición de “pobreza” empleada, los problemas ambientales pueden ser incluso constitutivos de la pobreza. En el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, el desarrollo se relaciona con la expansión de las libertades que la persona tiene para elegir entre los distintos tipos de vida que tiene razones para valorar. Bajo este enfoque, se entiende la pobreza como la privación de esas libertades. Y en esa vida que la persona tiene razones para valorar entran en juego aspectos ambientales.
¿QUÉ SE SABE HASTA EL MOMENTO?
La buena noticia es que no se parte de cero. Por el contrario, ya existen ciertos avances al respecto en el país, principalmente por la valoración que hacen de esta problemática las nuevas generaciones. La encuesta realizada por el Instituto de Economía de la Universidad de la República en el marco del “Estudio longitudinal de bienestar” (en su cuarta ola) revela una cuestión sumamente interesante: la dimensión “medioambiente”, si bien no estaba incorporada en el cuestionario como variable explícita, fue una de las dimensiones incorporadas por los y las jóvenes como relevante para el estudio de la pobreza multidimensional, ubicándose en el lugar 11 de un total de 15 variables consideradas importantes. Por lo tanto, no alcanza sólo con mejorar los niveles de ingreso y los años de educación de las personas (que sin dudas son de las variables más relevantes), sino que también se vuelve necesario asegurar las condiciones de vida en entornos saludables y disfrutables.
Así, surge el desafío de operacionalizar la dimensión “ambiente”: tener acceso a agua potable y a saneamiento (indicadores que por lo general se consideran en la dimensión “vivienda”) constituyen un puntapié inicial al respecto. Un estudio realizado en 2011 por la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) aborda la dimensión ambiental de la pobreza urbana de Montevideo precisamente con este enfoque. Una de las conclusiones a las que se arribó es que los hogares pobres por ingreso presentaban mayores carencias vinculadas con el uso seguro del agua (carencias críticas en abastecimiento de agua o en evacuación de excretas). En este aspecto el informe concluye que “los hogares pobres de asentamientos sufren privaciones en el ejercicio de derechos básicos y se encuentran sujetos en mayor medida a estas condiciones de servicios ambientales inadecuados, que podrían estar afectando su capacidad de desarrollo y de tener una vida digna, pero también su salud, con lo que se retroalimenta el círculo vicioso de vulnerabilidad y precariedad para la construcción de ingresos”.
La Estrategia Nacional de Ciudades Sostenibles apunta en este mismo sentido y señala que “la construcción de ciudades sostenibles, en tanto lugar de accesibilidad universal a los bienes y servicios y a un hábitat inclusivo, es determinante para un desarrollo equilibrado y equitativo de la población”. Adicionalmente, en el marco del proyecto NAP Ciudades, se trabajó en un sistema de indicadores para evaluar el estado de la adaptación al cambio climático en las ciudades del país, los que incluyen aspectos relacionados con viviendas e inundaciones, acceso a agua segura y saneamiento, y personas afectadas por desastres, entre otros que dan cuenta de la mencionada interacción.
En la línea de la generación de estadísticas que integren aspectos socioeconómicos y ambientales, se pueden obtener aprendizajes de otros países latinoamericanos. Panamá, por ejemplo, considera como indicador los daños a la vivienda ocasionados a causa de desastres naturales o del manejo inadecuado de la basura en el barrio. El Salvador, por otro lado, toma en consideración la falta de espacios públicos de esparcimiento en la comunidad, así como la exposición a daños y riesgos ambientales que enfrenta el hogar de referencia.
Pensando en la elaboración del censo que se realizará en un par de años, se torna fundamental tener presente estas consideraciones. En este sentido, es un hito importante que en el proceso de revisión y actualización del Plan Estadístico Nacional convocado por el INE e iniciado a fines de 2019 se haya conformado una mesa interinstitucional de “Vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente”, orientación que continúa vigente al día de hoy.
EL CÍRCULO VICIOSO (¿O VIRTUOSO?) POBREZA-AMBIENTE
Son varios los aspectos del deterioro ambiental que afectan en mayor medida a la población vulnerable, que reside allí donde nadie más quiere vivir: terrenos marginales alejados de los servicios básicos, inundables, cercanos a las actividades contaminantes del suelo, el aire y el agua, y con escasez de espacios verdes de esparcimiento. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de padecer enfermedades asociadas a problemas ambientales, lo que en situación de informalidad laboral puede, además, redundar en una merma de ingresos por días de trabajo perdidos.
Las personas en situación de pobreza suelen ser menos responsables del cambio climático que otros estratos de población con mayores niveles de consumo e información. Sin embargo, muchas veces presentan mayores riesgos de ser afectados por las consecuencias, dada su segregación residencial y sus condiciones precarias de vivienda. El círculo vicioso se termina de cerrar cuando sus activos deteriorados le dificultan la recuperación, perpetuando así su situación de pobreza. Si las políticas públicas incorporaran en mayor medida la dimensión ambiental, tanto en forma específica como transversal, podría disminuirse la brecha de bienestar entre la población en situación de vulnerabilidad y el resto de la población, al atenuarse uno de los orígenes de su condición desventajosa.
LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA… INCLUSO EN EL TRABAJO
Como se mencionó previamente, la problemática del ambiente suele tratarse al interior de otras dimensiones, como la “vivienda” o la “salud”. Esto es bastante coherente, pues es transversal a ellas. Ahora bien, el ambiente también hace a las condiciones laborales y al trabajo decente. Nadie podría pensar que dos trabajadores se encuentren en igualdad de condiciones si uno tiene acceso a agua potable en su lugar de trabajo y el otro no, o si uno trabaja ocho horas por día respirando aire contaminado de una ladrillera y el otro no, por más que ambos tengan cobertura de la seguridad social.
¿Qué sabemos de este tipo de empleos en Uruguay? Hasta el momento el conocimiento es escaso, pero existen algunos avances. En 2011, la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, junto con la Intendencia de Montevideo, realizó una encuesta a los hogares clasificadores de la capital que arroja evidencia sobre los vínculos pobreza-ambiente para estos trabajadores y sus familias. En 2016 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicó el trabajo “Empleos verdes para un desarrollo sostenible: el caso uruguayo”. Allí se identificaban 45.000 empleos verdes en el país, lo que representaba aproximadamente 3% de la mano de obra ocupada en aquellos años. A su vez, tratando de profundizar en el análisis sectorial, posteriormente se llevaron adelante estudios sobre el citrus, las energías renovables y las ladrilleras artesanales, entre otros. En particular, este último trabajo se enmarca en una línea de acción sobre empleos verdes para población vulnerable en el marco del programa PAGE-Uruguay. Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de que los trabajadores de las ladrilleras conozcan los riesgos ambientales y de salud a los cuales se exponen, tanto ellos como sus familias, dado que el proceso productivo se lleva a cabo a escasos metros del hogar de residencia. Asimismo, el trabajo destaca que 18% de estos hogares se encontraban en situación de pobreza en 2019. Esta iniciativa de trabajo con ladrilleras fue uno de los proyectos de cambio impulsados por el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Economía Verde e Inclusiva (GITEVI) con apoyo del proyecto PAGE y de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Este parte de la generación de información, pero incluye también acciones concretas para la mejora de las condiciones del empleo mediante capacitación y difusión de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad. Otro de los proyectos de cambio impulsados por este mismo grupo en la cuenca del río Santa Lucía durante 2016 incorpora la concepción de empleos verdes desde otro encare posible: el apoyo para la mejora en los procesos industriales desde el punto de vista ambiental, lo que indirectamente redunda en “enverdecimiento” del empleo en sí mismo. Actualmente, bajo la línea de acción del programa PAGE-Uruguay, se está llevando adelante la promoción de empleos y emprendimientos sostenibles para personas jóvenes. Como se mencionó anteriormente, este grupo poblacional es el que mayor preocupación muestra por la problemática ambiental y además es el que presenta tasas de desempleo más altas. Por este motivo, encarar una estrategia de empleos y emprendimientos sostenibles destinados a jóvenes encierra una doble virtud: es una herramienta para atacar los problemas de desempleo juvenil, a la vez que constituye un camino para contribuir a la atención de la problemática ambiental.
UNA OPORTUNIDAD DE DOBLE EFECTO
La crisis de la covid-19 está generado graves problemas en el mercado de trabajo, que afectan particularmente a los grupos más vulnerables de la población. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay aproximadamente 50.000 ocupados menos en comparación con la situación previa a la crisis. A su vez, los datos del Banco de Previsión Social indican que, de los 170.000 beneficiarios del seguro de desempleo en junio, 47.000 eran personas menores de 30 años. Por su parte, el último estudio de la OIT señala que unos 800.000 ocupados se encuentran empleados en sectores de riesgo, ya sea porque perderán su trabajo a causa de la crisis o porque les tomará varios años recuperar el nivel de actividad que tenían antes de marzo de 2020. Estas cifras son alarmantes y dan cuenta de la necesidad imperiosa de desplegar políticas activas de empleo y contención social, principalmente destinadas a los sectores más vulnerables. En este sentido, estrategias que fomenten la promoción de trabajos verdes a la vez que concienticen (e intenten atacar) la problemática ambiental son una herramienta con efectos doblemente positivos para paliar los efectos de la crisis, principalmente sabiendo que perder la oportunidad hoy nos puede resultar mucho más caro mañana.
*Autores ANA VIRGINIA CHIESA Y FEDERICO ARAYA
Los autores agradecen a María Pía Mascari, Gustavo Olveyra, Raquel Piaggio y Federico Rehermann por sus contribuciones.
Publicado en la diaria